La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, aplicable por su carácter básico a todas las Administraciones y Entidades públicas españolas, implanta un nuevo modelo de contratación pública estratégica, responsable y social, que viene exigido por el Derecho de la Unión Europea sobre contratación pública y la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En la nueva legislación se obliga a todos los poderes públicos a utilizar la contratación pública en apoyo de objetivos sociales como la inclusión de las personas con discapacidad. Se incluyen en los contratos públicos consideraciones de tipo social y ambiental en todas las fases de la contratación, tanto en la definición del objeto del contrato como al diseñarse los criterios de solvencia y adjudicación para evaluar la mejor relación calidad-precio, o como condiciones especiales de ejecución (la Ley impone la obligación al órgano de contratación de establecer en los pliegos de condiciones al menos una de las condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental, social o relativos al empleo que se listan en el artículo 202). También se regulan los contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social y la posibilidad de reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido.

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